Aunque todavía debe terminar su trámite legislativo, las principales modificaciones que impulsa el proyecto son:
1. Flexibilización de condiciones laborales.
Las vacaciones podrán fraccionarse, simplificando la distribución de días.
Se crea un “banco de horas”, dando más opciones para compensar horas extra con tiempo libre.
2. Reducción de costos de despido.
Las indemnizaciones se calculan excluyendo aguinaldos, vacaciones y otros pagos no mensuales, lo que disminuye el monto total.
Se propone un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y opciones de financiamiento alternativo.
3. Mayor flexibilidad para las empresas.
Se facilita contratar y despedir (aunque mantiene indemnización básica por año trabajado), con menor litigiosidad buscada por el gobierno.
Se habilita el pago de salarios en moneda extranjera y más formas (incluyendo digital).
También se prioriza que convenios a nivel empresa o menor tengan preeminencia sobre convenios sectoriales aun si son menos beneficiosos.
4. Cambios en derechos colectivos y sindicales
Se reducen protecciones en cuanto a negociación colectiva, derechos de huelga y asambleas, con requisitos más estrictos.
5. Modernización formal
Se busca incentivar el empleo registrado y blanquear trabajadores no registrados con beneficios para ciertos empleadores.